El financiamiento para la planificación familiar y la salud reproductiva, incluido los insumos y los servicios, es fundamental para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.
Sin embargo, muchos gobiernos aún dependen en gran medida de las inversiones de donantes para financiar insumos y programas de planificación familiar (PF). Al mismo tiempo, muchos países de bajos ingresos corren el riesgo de perder la elegibilidad para los fondos de los donantes a medida que hacen la transición a un estado de ingresos medios y realizan otros avances en su desarrollo. En un entorno de donantes cada vez más volátil, la movilización de recursos internos para la PF sigue siendo un problema que necesita priorización urgente.
A través de entrevistas con informantes clave y análisis de datos existentes en 2018, PAI descubrió que el gobierno resolvió la pérdida de fondos de USAID para PF/SR únicamente a través de fondos de la tesorería. Lo hizo a través de la creación de una nueva asignación presupuestaria para el Ministerio de Salud Pública (MSP) para PF. Sin embargo, es importante destacar que no hay evidencia de que el gobierno haya generado ingresos adicionales para cubrir la nueva línea presupuestaria, lo que podría implicar concesiones con otros programas si los fondos del gobierno fueran redirigidos. Los fondos adicionales podrían provenir de impuestos o incluso fondos de seguridad social, incluido el esquema de seguro público de salud, pero no fue así.
Si bien el MSP aseguró una asignación presupuestaria para los programas de PF/SR, hasta la fecha la mayoría de esos fondos se destinan a la adquisición de anticonceptivos, dejando poco para la implementación de programas de PF/SR. Del mismo modo, desde la perspectiva del gobierno, la velocidad de transición de las funciones y responsabilidades de financiamiento de PF de donantes hacia el nivel nacional resultó ser un desafío. Por lo tanto, la forma en que el gobierno dominicano ha financiado la PF y movilizado fuentes nacionales de financiación para reemplazar los fondos de los donantes, plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad de esa financiación, así como la capacidad del gobierno para satisfacer las necesidades de PF de las mujeres y las niñas.